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Las contradicciones en el uso del agua de La desalinizadora de Rosarito BC

El Distrito de Agua de Otay, organismo distribuidor de agua en el sur del condado estadunidense de San Diego, admite que hay planes para exportar una parte del agua producida en la planta desalinizadora de Rosarito, pero el gobierno de Baja California continúa negando que la Planta Desaladora de Rosarito sea un proyecto binacional que en una segunda etapa venderá el líquido a California.

Carlo Bonfante Olache, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Baja California, insistió en que no hay planes de vender agua a EE.UU. al cuestionársele sobre la falta de transparencia sobre el uso del agua de la Planta Desalinizadora de Rosarito.

Reiteró que legalmente no es posible vender agua a EE.UU. y que la planta desalinizadora atenderá únicamente las necesidades de los habitantes de Tijuana y Rosarito.

“El proyecto de la Desalinizadora de Rosarito surgió de la iniciativa privada hace 12 años. Dicho proyecto se le presentó al gobierno en turno con la intención de vender agua a los norteamericanos, pero el proyecto nunca progresó y el Comité de Mesa de Otay se quedó con la idea de que esa agua entraría a los EE.UU. Cuando nosotros llegamos a la administración estatal y vimos el proyecto decidimos sacarlo adelante, sólo que decidimos que sería para abastecer a Tijuana. Fuimos con CONAGUA, la autoridad competente en el tema y nos dijo: vamos haciéndolo a través de una APP”, explicó.

“La gente de Otay se quedó con la idea de que tendrían una solución en base a Rosarito, pero nadie les aseguró, nadie les firmó, nadie acordó con ellos un ‘amarre de esa agua’, y hasta hoy Mark Watton continúa con la idea de que esa agua será para él porque invirtió dos millones de dólares en el estudio”, declaró Bonfante; “¿Hay algún contrato?, no, ¿Hay alguna carta de intención?, no, ¿Hay alguna situación de acuerdo?, no, ¿Entonces de qué están hablando?; el uso del agua no lo decidimos nosotros, lo decide CONAGUA”, reviró.

Añadió que para que fuera posible vender el líquido, CONAGUA tendría que iniciar gestiones con la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, o CILA, y a su vez este organismo tendría que hacer a un acuerdo nivel internacional para que esto fuera posible.

De acuerdo con Bonfante, el agua se queda en Tijuana. “No hay ningún contrato con EE.UU”, reiteró. “Si los norteamericanos quieren el agua que la busquen a través de Relaciones Exteriores. El Gobierno de Baja California es usuario de CONAGUA, no rector del agua”.

Sin embargo, las gestiones que se están dando del otro lado de la frontera contradicen estas afirmaciones. El 16 de mayo de 2017, el Departamento de Estado de los Estados Unidos otorgó un permiso presidencial para permitir que el Distrito de Agua de Otay (San Diego, California) construya un ducto de agua potable de casi cuatro millas que comienza en la frontera entre México y Estados Unidos. Las obras –de acuerdo con lo proyectado por la Otay Water District- concluirían en el 2021.

El permiso, de acuerdo con el portal Otaywater.gov autoriza al Distrito a “construir, conectar, operar y mantener instalaciones transfronterizas de tuberías de agua para la importación de agua de mar desalinizada en el Límite Internacional entre los Estados Unidos y México en el Condado de San Diego, California”.

El documento resalta también que comprar y transportar agua de la planta desalinizadora de 421 millones de dólares de la empresa “Aguas de Rosarito”, en Playas de Rosarito, Baja California, México, “es un componente de los esfuerzos de diversificación para el suministro de agua” del Distrito sandieguino.

La planta de Rosarito, indica el reporte, podría potencialmente producir agua para cubrir hasta dos tercios del uso proyectado de agua del Distrito para el 2024.

En vista de la creciente necesidad de nuevos suministros de agua potable en México y el Condado de San Diego, la planta de Rosarito y el “Proyecto del Sistema de Transporte y Desinfección Otay Mesa”, de 30 millones de dólares del Distrito de Otay, proporcionarían un nuevo suministro de agua a sus clientes.

Con la obra terminada en la primera fase del proyecto a finales de 2019 o principios de 2020, y la segunda en 2024, Otay podría importar entre 37 millones 854 mil litros a 113 millones 562 mil litros de agua desalinizada por día.

El Distrito actualmente brinda servicios de agua a una población de más de 223 mil personas, que se espera que aumente a más de 308 mil para el 2050.

La instalación de Rosarito produciría hasta 100 millones de galones de agua diariamente en dos fases. La primera fase, que se espera inicie trabajos a fines de 2019 o principios de 2020, generaría 50 millones de galones o más de agua desalinizada a diario en la región de Tijuana / Rosarito. La segunda fase, que se espera esté terminada para el 2024, entregaría hasta 50 millones de galones adicionales diarios, con 10 a 30 por ciento de esa agua disponible para el Distrito de Otay.

Por su parte, Mark Watton, gerente general del Distrito de Agua de Otay, declaró que México no tiene buena reputación para calificar para el financiamiento de este tipo de obras. “Ha calificado por el hecho de que tienen la certeza de que podrán contar con cheques en dólares por la venta del agua. Cuentan con el hecho de que nosotros estaremos comprando el agua”.

“Si nosotros no fuésemos a comprar el agua no habría interés en financiar esta obra, porque México no tiene un historial de pagar deudas”, afirmó.

Sin embargo, el Distrito de Agua de Otay insiste en que la exportación de agua a Estados Unidos se planea para la segunda etapa de la desalinizadora, entre 2023 y 2024.

Cabe recordar que el gobierno de Baja California garantizó a los inversionistas el pago de 149 millones 312 mil 18 pesos mensuales durante 37 años, al final de los cuales la desaladora pasará a manos del Estado, y los bajacalifornianos habrán pagado alrededor de 76 mil 740 millones de pesos.

El plazo máximo del contrato será por 37 años, y los recursos se obtendrán de la recaudación de los servicios de la CESPT, pero de no contar con ese dinero se podrán utilizar como “fuente alterna de pago” los ingresos del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal para hacer frente al compromiso con los inversionistas.

Denys Fernanda Torres

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